Las personas defensoras de derechos humanos ambientales se enfrentan a múltiples formas de violencia y presión que ponen en riesgo su vida, integridad y libertad.
La defensa del territorio en contextos de disputas por recursos naturales expone a quienes protegen la vida a situaciones de peligro como el homicidio, estrategia persistente para silenciar la oposición a actividades extractivas y otros intereses económicos, con cientos de casos registrados en la región latinoamericana.
Además, muchas personas defensoras viven bajo amenazas constantes, presiones y estigmatización por parte de actores estatales y no estatales. Estas tácticas buscan deslegitimar su labor, disminuir su visibilidad pública o aislarlas de sus comunidades y redes de apoyo.
A su vez, la criminalización se ha convertido en una de las formas más extendidas de agresión. Entre 2000 y 2024, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) registró 742 casos de criminalización en el Perú, la mayoría vinculados a protestas y conflictos socioambientales en zonas andinas y amazónicas.
Paralelamente, se emplean estrategias de difamación y campañas mediáticas para deslegitimar la labor de las y los defensores presentándolos como obstáculos al “desarrollo”.
Este panorama muestra que la violencia contra las personas defensoras forma parte de un patrón estructural donde los intereses extractivos, la ausencia de protección efectiva y la debilidad de los mecanismos estatales de protección confabulan contra el ejercicio de los derechos humanos en el Perú.
Testimonio
El Estado no está en las zonas rurales, el Estado está ausente… y sin Estado, no hay derechos
Defensor ambiental de Lambayeque, 2022
Datos
- 44 casos de atentados, amenazas y crímenes contra defensores sociales registrados hasta el 2025 (Fiscalía Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad del Perú)
- Desde 2012 al 2024, aproximadamente 2,253 defensores de la tierra y el medio ambiente han sido asesinados o desaparecidos (Global Witness, 2025)