Para que el Estado peruano garantice la protección efectiva de las personas defensoras de derechos humanos y del territorio, evitando que la violencia, la criminalización y la impunidad sigan siendo parte de la realidad cotidiana.
Para impulsar que el Mecanismo de Protección N.º 004-2021-JUS cuente con presupuesto suficiente, enfoque territorial, intercultural y de género, y responda de manera oportuna frente a los riesgos que enfrentan las y los defensores.
Para exigir la aplicación del protocolo N° 0159-2019-JUS y prevenir agresiones a personas defensoras.
Para promover la ratificación del Acuerdo de Escazú, y fortalecer el acceso a la información, la participación ciudadana y la protección de personas defensoras ambientales.
Para fortalecer espacios de diálogo donde las voces territoriales sean escuchadas e incorporadas en la toma de decisiones.
